Desde hace un tiempo hemos venido escuchando en los medios de comunicación la cuestión de la maternidad subrogada. Se ha logrado situar este tema en la agenda política como si se tratase de una demanda social creciente cuando la realidad nos muestra que no existe actualmente ningún movimiento social con relevancia política que esté reivindicando, en las calles, su regulación.

Algunos partidos políticos, bajo el paraguas de evitar la mercantilización del cuerpo de las mujeres y de la vida humana, se han posicionado en favor de su inclusión bajo una norma legal. Así, Ciudadanos elaboró un proyecto de ley de maternidad subrogada en el que, inicialmente, establecía como requisito para poder ser madre gestante el de tener acceso a “los antecedentes penales”. Así es como la ideología se enmascara detrás de las leyes supuestamente neutrales. Cuando Ciudadanos pedía los antecedentes penales de la madre gestante (sin pedir los antecedentes de los padres adoptantes), daba por hecho que la mujer que se sometiese a dicho proceso iba a ser una mujer pobre con un pasado probablemente delictivo.

Hace unos días, saltaban a la prensa las declaraciones sobre este tema de Mónica Oltra, quien señaló que había que dar una solución “al sufrimiento de las mujeres que quieren ser madres y no pueden serlo, también desde el punto de vista feminista”. El propio Íñigo Errejón hablaba, hace no tanto tiempo, de la maternidad subrogada definiéndola como “la voluntad altruista de donar una capacidad”.

El problema de este tipo de planteamientos es que se entra en los debates políticos sin pensar en quién es el sector social que está detrás de su inclusión en la esfera pública. Desde hace ya tiempo la izquierda ha perdido la capacidad de imaginar un mundo sin capitalismo. Sin embargo, muchos de quienes empezamos a militar, lo hicimos convencidos de que la felicidad del ser humano y la justicia solo se alcanzarían acabando con el Estado burgués y alcanzando así la sociedad sin clases. Derrotados y, asumiendo que este proceso iba a ser más lento de lo deseado, comenzamos a convivir en el Estado social, una conquista del movimiento obrero. De algún modo, se reducía el beneficio empresarial a costa de reconocer derechos sociales: vivienda, sanidad, educación, protección por desempleo, protección en la vejez, etc. Llegados a este punto, lo que debiéramos preguntarnos es para qué vinimos a hacer política (institucional o en la calle).

Y, sin duda, la respuesta debiera ser que vinimos a hacer política para tutelar los derechos de los nuestros y, más concretamente, los de la clase trabajadora. Partiendo de esta base, debiéramos preguntarnos en qué modo beneficiaría la maternidad subrogada y su regulación a la clase obrera.

Yo, particularmente, no percibo en qué manera las condiciones materiales de vida de los de abajo podrían verse mejoradas por la regulación legal de los vientres de alquiler, en un Estado en el que, sistemáticamente, se están recortando derechos a los obreros. Por tanto, si vinimos a defender a los nuestros, lo que debemos hacer es posicionarnos políticamente en torno a los problemas diarios de la clase trabajadora, que son la precariedad, las violencias machistas, el desempleo, la falta de acceso a una vivienda digna… Así, el debate no es el de dar solución al sufrimiento de las mujeres que quieren ser madres y no pueden. El debate es el de dar solución al sufrimiento de los hijos de la clase obrera que, viniendo de entornos desestructurados, acaban su infancia en un centro de acogida o de menores a la espera de ser adoptados o acogidos temporalmente.

La izquierda, que viene a defender a los suyos, tiene que situar en el centro del debate el derecho de los hijos de los pobres a tener una familia, teniendo presente que no existe el derecho de los adultos a tener hijos biológicos. No existe en el seno de la clase obrera un problema de maternidad o paternidad biológica frustrada, más allá de que nuestros compañeros trabajadores no puedan formar un proyecto de familia tan pronto como les gustaría, porque las condiciones de precariedad laboral y económica no se lo permiten. Por ello, las mujeres obreras reivindicaron el aborto público, gratuito y de calidad.

Por tanto, la mejor solución para acabar con el sufrimiento de las mujeres de clase alta que quieren ser madres y no pueden es agilizar los trámites para que adopten a un menor pobre. Cuidar a un hijo del proletariado, al hijo de una mujer obrera, que no pudo hacerse cargo de él, eso sí que es feminista, altruista y revolucionaria.