En España hay registradas en la Seguridad Social 373 000 personas dentro del sector del trabajo del hogar (aunque diferentes estadísticas hablan de alrededor de medio millón). La mayoría son trabajadoras (alrededor del 95%) con una edad alta (130 000 de las 373 000 superan los 55 años y sólo 17 000 son menores de 30 años). A esto se añade que alrededor de un 44% de estas trabajadoras son de origen extranjero. Si llevamos estas cifras a Granada, hablamos de más de 5000 empleadas del hogar (5094 a 31 de agosto con 4808 trabajadoras frente a 186 trabajadores) las que están afiliadas a la seguridad social (por lo que el volumen de trabajadoras será mucho mayor sin duda). Muchas de ellas, son nuestras vecinas que viven en nuestros mismos barrios y cogen el bus para ir a sus trabajos en el mismo momento que lo hacemos nosotros. Muchas viven el el barrio del Zaidín y todos los días se levantan muy temprano para ir a trabajar. Es fácil reconocerlas mientras uno espera el bus para ir al trabajo o camina por la calle.
Nosotros tenemos más en común con ellas que con cualquiera de los que se sienta en un consejo de administración de una gran empresa o en un palco de un gran equipo de fútbol, de esos que llevan las manos llenas de pulseras de España: pertenecemos a la misma clase, somos clase trabajadoras. Son de las nuestras.
Con todos estos datos se configura un sector en el que la precariedad, la falta de derechos y la excepcionalidad en relación a otros colectivos de trabajadores han sido la norma: relaciones laborales a tiempo parcial e intermitentes, con posibilidad de finalización de manera repentina al fallecer la persona que las empleaba, o por despidos bajo la forma del desestimiento (permitía el despido sin justificación alguna teniendo que cumplirse sólo tres condiciones: comunicar con preaviso, poner de forma simultánea la indemnización en manos de la trabajadora y efectuar el cómputo legal correspondiente).
Por estas razones, gracias entre otros motivos, a la lucha de este colectivo que viene reivindicando desde hace tiempo (en Granada sin ir más lejos la Asociación de Trabajadoras del Hogar, Nosotras, es un ejemplo perfecto) se han empezado a generar algunos cambios, cambios que se han sustanciado algunos de ellos en las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros este martes día 6 de septiembre a través de un real decreto.
Cambios que persiguen homologarnos con lo que la normativa antidiscriminatoria de la Unión Europera y el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nos exigen. Hay que recordar que en junio el Congreso ratificó el convenio 189 de la OIT que entre otras medidas señala la necesidad de que las trabajadoras de este colectivo tengan condiciones similares a las del resto de colectivos de trabajadores así como una remuneración mínima del salario mínimo interprofesional (SMI).
Por otro lado El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a principios de año, le dio un tirón de orejas a España. Este tribunal declaró que era contrario al derecho comunitario que la legislación laboral española excluyera a las empleadas de hogar de la cobertura que ofrece el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), ante empresas insolventes que no asumen el pago de las deudas de sus trabajadores
Y luego simplemente explicar que de ahí se han sucedido una serie de cambios: a nivel de prestaciones, de despidos y de cobertura por parte de FOGASA
A partir de estos hechos se han sucedido un serie de cambios a nivel de prestaciones, de despidos y de cobertura por parte del FOGASA que redundarán positivamente en la situación de este colectivo equiparándolo al del resto de colectivos de trabajadores: por primera vez en la historia de nuestro país, tendrán la posibilidad de acceder a los subsidios de desempleo, equiparando a las trabajadoras de este sector con los de otros sectores. Tampoco será ya posible el despido sin causa, eliminando la figura que antes hemos mencionado del desestimiento que colocaba a este colectivo de trabajadoras en una indefensión casi absoltua. También se intenta avanzar en la protección de la seguridad y la salud. Por otro lado, en todos aquellos casos en los que el contrato no esté realizado por escrito, se va a presumir el carácter indefinido de la relación laboral al tiempo que también se plantean coberturas en el marco de las garantías salariales en los casos de insolvencia o concurso de los empleadores a través del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
Para ello a partir del 1 de octubre se tendrá que cotizar por desempleo y al Fogasa. El gobierno ha dispuesto todo un sistema de bonificaciones a las cotizaciones para los empleadores con bonificaciones que giran alrededor del 80% en las aportaciones empresariales en uno de los hechos que puede resultar más polémico: si todos estos cambios han tardado tanto tiempo, y han pasado por gobiernos de colores tan diferentes, ha sido entre otras cosas porque el sector de trabajadoras afectados en muchos casos no da votos al no tener la posibilidad de votar por ser de origen extranjero y no se quería enemistar con el sector de los empleadores que sí votan y que no estaban dispuestos a tener que adquirir mayores responsabilidades con las trabajadoras que tenían haciendo las tareas. Todo este sistema de bonificaciones responde, entre otras cosas, a esa necesidad de no molestar a los empleadores que han estado muy cómodos en la economía sumergida durante todos estos años.
Por fuerza hay que reconocer esto porque además responde a una cierta infravaloración del trabajo que vienen realizando desde este colectivo, trabajo que tiene una relevancia enorme como puede verse en el día a día y como se puso de manifiesto en el periodo de la pandemia.
